Unas expectativas excesivamente optimistas
A principios de los años noventa y dentro de la Política Agraria Común aparecen las llamadas ayudas a la forestación de tierras agrarias, medida englobada dentro de los conceptos del desarrollo rural para compensar el abandono de tierras en producción y su conversión en zonas forestales. Los periódicos del momento dieron publicidad a la medida, excesivamente optimista ya que llegaban a pintar el paisaje español o almeriense más concretamente como cubierto de una masa forestal que recordaría a la Hispania que encontraron los romanos. Optimismo excesivo que partía de la premisa de que todo lo que se plantara crecería, y como se constataría en años posteriores nada más lejos de la realidad. Uno de los argumentos principales que justificaban la ejecución de estas medidas fue la de la creación de trabajo en zonas realmente deprimidas, algo que fu cierto, hubo muchas cuadrillas de trabajadores sin cualificación, se utilizó maquinaria y nacieron viveros donde producir las plantas que posteriormente se utilizarían. También sumaba el hecho de luchar contra la desertificación y favorecer al medioambiente, aunque en esos años aún se premiaba a la producción en la política común, ya había signos de la necesidad de cuidar, preservar y mejorar el medioambiente.
Pero, ¿existían estudios de suficiente entidad para poder afirmar la viabilidad de las plantaciones?, pues creo que no fueron suficientes, como máximo se llegó a establecer las especies que deberían utilizarse en base a la zona, a la altura, la pluviometría, y otros parámetros. A ello debemos unir la inexperiencia de los técnicos agrícolas en materia forestal, el hecho de que las tierras abandonadas no eran las mejores sino aquellas con dificultades de producción y sobre todo tierras agotadas para cualquier cultivo. Sin embargo, estudios realizados por alguna universidad andaluza antes y después de la plantación concluyeron que el éxito o fracaso de la forestación radicaba fundamentalmente en la obra realizada, no era lo mismo plantar a mano, cavando un agujero y colocando en él la planta, que utilizar maquinaria que profundizaba más de un metro, movía el terreno y permitía una mejor fijación de las plantas.
Requisitos que no siempre se cumplieron
Claro está que la administración estableció una serie de requisitos para poder acogerse a estas subvenciones y unas condiciones que deberían de cumplirse a lo largo de los años. De hecho, se establecieron tres periodos: la obra en la que se realizaría las tareas necesarias para la adecuación, preparación del terreno y la plantación, cinco años de mantenimiento en los que deberían realizarse cuidados especiales que favorecieran el crecimiento y, finalmente unos años en los que teóricamente las plantas ya habrían alcanzado un crecimiento suficiente y por tanto casi no necesitarían de cuidados. Durante todo este tiempo se prohibía todo aprovechamiento agrícola o ganadero.
Volviendo a los requisitos, para acceder a las subvenciones se debía demostrar la titularidad de la tierra o el arrendamiento de la misma, comprobarse fehacientemente que era tierra de cultivo y tener unas pendientes inferiores a cierto límite, creo que un 20%. Aunque no todo fue tan claro, quienes acudían intentaron que cualquier superficie fuera apta, hasta lo que se denomina erial a pastos, zonas donde pastaba el ganado trashumante. Siento decir que la mayoría de estas zonas no llegaron a convertirse en esos bosques que la publicidad y los políticos querían, el éxito de las plantaciones no fue el esperado, las condiciones climatológicas, la escasez de lluvias durante meses y lo pobre del terreno llevaron al traste a muchos, y la cerrazón de la administración para evaluar de forma adecuada las diversas situaciones hicieron mucho daño a algunos de los que decidieron acogerse a esta medida agroambiental.
La provincia de Almería se beneficia de un clima cálido, pero las lluvias apenas aparecen y se producen largos periodos de sequía, a parte de una orografía complicada con montañas, pendientes pronunciadas y suelos empobrecidos. Cierto que existen zonas como los Vélez o el nacimiento del Andarax, que reciben nieves en invierno y algunas lluvias más donde la esperanza de que prosperasen los árboles eran mayores. Por ello difícilmente podían prosperar plantaciones forestales, las densidades de planta debían ser menores que en otras zonas y se debía recurrir a especies más resistentes o incluso al matorral como finalmente se aceptó, el crecimiento sería lento, muy lento y se produciría un alto índice de pérdidas o marras. Los cinco años posteriores a la obra son el tiempo donde se puede ver los resultados, o dicho de otro modo comprobar la viabilidad de las plantaciones. La normativa era clara, yo diría que excesivamente rígida, pues lo único que parecía importar era la reposición de lo perdido con objeto de que el porcentaje de pérdidas fuese inferior al 20%. En ningún momento se pensó en que realmente reponer no garantizaba éxito, primero porque no se realizaba como en la obra, sino tan solo sustituyendo en los hoyos la planta muerta por otra igual, había que estar a las expensas de que hubiese un año bueno de lluvias para que la cosa tirase. Creo que este periodo era suficiente para determinar y resolver como inviable muchos de los expedientes, para finalizar así los compromisos y no solicitar devoluciones por incumplimiento cuando se pudiera justificar que las subvenciones se habían gastado a lo que iban destinadas, justificaciones mediante albaranes, facturas, jornales, …. Pero no, lo que hizo la administración fue decretar la situación de abandono dando un plazo a los agricultores para que repusieran la forestación; es decir, obligarles a otro gasto en algo que parecía no tener visos de éxito.
Los “pecados” de la Administración
La administración pecó de varias cosas, la primera haber concedido ayudas sin un estudio correcto de la viabilidad de las plantaciones, de hecho, permitir forestar en eriales era toda una aventura, la segunda es no haber sabido determinar cuándo un expediente no iba a prosperar durante los cinco años de mantenimiento, la tercera es no haber solicitado las justificaciones de gasto, … podríamos encontrar más, pero creo que son suficientes. A ello hemos de unir el ansia de muchos por conseguir un dinero “fácil”, no realizando las obras de forma correcta, sin gastar toda la subvención, creando condiciones artificiales, … estando seguros de que nadie les requeriría la devolución de las cantidades obtenidas.
Ser agricultor y vivir de esa actividad no es nada fácil, si además las ventas de productos no alcanzan para los gastos se convierte en una ruina. La lucha por vender a un precio justo ha sido hasta ahora un auténtico fiasco, los responsables son muchos: los intermediarios, la posición dominante de las distribuidoras, y también el poco asociacionismo empresarial de los agricultores. Podríamos decir que se trata de un oligopolio formado por los grandes de la distribución, que imponen sus precios sin reparo alguno, frente a ellos los agricultores han de hincar la rodilla y aceptar sus condiciones si quieren vender. Ni siquiera las asociaciones actuales, principalmente cooperativas, tienen un tamaño suficiente para obtener precios justos.