Todos, alguna vez, hemos tenido contacto con las Administraciones Públicas. Desde nuestro nacimiento con la inscripción en el Registro Civil, cuando vamos por primera vez al colegio, cuando conseguimos el primer trabajo y nos asignan un número en la Seguridad Social, cuando presentamos la primera Declaración de la Renta, cuando compramos una vivienda y hemos de inscribir la compra y pagar los impuestos,…. nuestra vida siempre está ligada de alguna manera a las Administraciones Públicas.
En esta relación es innegable que la administración ostenta un nivel superior, aunque somos ciudadanos con derechos y la ley nos protege exigiendo que su actuación siempre sea con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, art. 103.1 de la Constitución Española. En este sentido las leyes de transparencia y la nueva ley de procedimiento administrativo constituyen un avance en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y una garantía de la correcta actuación de la administración.
En los últimos años, desde la entrada de nuestro país en la Unión Europea, todas las administraciones han realizado y realizan esfuerzos para mejorar la administración. Las principales mejoras son la aparición de las sedes electrónicas y los portales del ciudadano, que por un lado facilitan la interacción del ciudadano sin necesidad de utilizar papel y por otro informan de los procedimientos, los derechos y las posibilidades que el gobierno y la administración ponen a disposición de los ciudadanos. No obstante, aún persisten cantidad de procedimientos que siguen encasillados o lastrados por la burocracia que siempre ha caracterizado a la administración, muchas de estas trabas son consecuencia de la necesidad de verificar el cumplimiento de lo requisitos exigidos para justificar o acceder a ayudas, información…..
Aún hay un camino largo por recorrer, la sociedad del siglo XXI exige seguir en la senda de la administración electrónica, pero siempre con las debidas seguridades y protecciones de los derechos y libertades de los ciudadanos.